Piden que Rafael Bielsa explique su defensa a Jones Huala

En el juicio que el líder mapuche enfrenta en Chile. Se acusa a Bielsa de “alentar la actividad de movimientos violentos que atentan contra la integridad territorial de la República Argentina".

Archivo Facundo Jones Huala - Foto Miguel Angel Bustos / ATON CHILE / AFP



BUENOS AIRES (NA) — El radicalismo presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para instar al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar una llamada a consultas al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, para que explique su participación en defensa de Facundo Jones Huala en el juicio que el líder mapuche enfrenta en el país trasandino.

La iniciativa impulsada por el diputado Facundo Suárez Lastra acusa a Bielsa de “intentar incidir en favor de una de las partes del proceso judicial y por alentar la actividad de movimientos violentos que atentan contra la integridad territorial de la República Argentina”.

Lamisma recoge las firmas de los radicales Mario Negri, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascarate, Ricardo Buryaile, Lorena Matzen, Fabio Quetglas, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, Jorge Vara, Karina Banfi, Alberto Asseff, Albor Ángel Cantard, y Jorge Rizzotti; de los macristas Waldo Wolff y Carmen Polledo.

   Según consideró, la participación de Bielsa en la audiencia que tuvo lugar en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, Chile, “excedió las atribuciones conferidas a un representante consular”.

 “Su participación fue en favor de la obtención del derecho a libertad condicional para Huala, en lo que representó una práctica que excede las atribuciones consulares y va contra las disposiciones de la Convención de Viena de 1963”, argumentó Suárez Lastra.

En los fundamentos del proyecto, el legislador opositor señala que “resulta inconcebible que un Embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática, puesto que la propia Cancillería en sus reglamentaciones establece que los diplomáticos no pueden ser parte de los procesos judiciales ni interceder para obtener exenciones de prisión o proporcionar asesoramiento legal”.

“Esto último, constituye no solo una violación a las disposiciones propias de la Cancillería sino también una falta grave”, concluye la iniciativa.



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